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La industria de los rodajes mantiene su actividad en toda España
[/vc_column_text][vc_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”2/3″][vc_column_text]El Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, así como las Órdenes y Normas aplicadas por las comunidades y ciudades autónomas para controlar el avance del COVID19, garantizan la producción de obras audiovisuales en el conjunto del país, por considerar que constitutyen una actividad económica y profesional.
- Las medidas decretadas no afectan, por tanto, a grabaciones en el horario comprendido entre las 23,00 y las 06,00, y se permiten los desplazamientos entre comunidades, ciudades y municipios, con la única condición de llevar siempre consigo un certificado de movilidad por motivos laborales suscrito por la productora o empresa.
- Rodar seguro en España es posible y así se está haciendo en todo el país: es requisito imprescindible respetar y cumplir todas las recomendaciones e indicaciones de las autoridades competentes en materia de sanidad y seguridad laboral, y contar con un protocolo específico que responda a las necesidades de cada producción.
- Spain Film Commission pide a las instituciones competentes que tramiten y faciliten y favorezcan la concesión de permisos para poder grabar en espacios públicos y solicita igualmente una gestión ágil de los visados para poder dar en plazo una respuesta efectiva y eficaz a las demandas del mercado audiovisual internacional.
- La asociación, que agrupa a Film Commissions y Film Offices de todo el Estado, destaca el “buen momento” que atraviesa la industria de los rodajes en España, motivado por la demanda de contenidos y el auge de las plataformas en streaming, y apuesta por la colaboración público-privada para el desarrollo de un hub audiovisual con la marca España y la vocación de atraer y gestionar grandes producciones internacionales.
- Spain Film Commission reivindica el potencial de los rodajes para generar riqueza, crear empleo de calidad y contribuir a la recuperación económica en un contexto difícil, razones que justifican una apuesta decidida y compartida entre todas las instituciones, especialmente el Gobierno de España y los Ejecutivos autonómicos, para transmitir a la industria audiovisual nacional e internacional un mensaje claro y convincente de confianza y seguridad.
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